¿CUÁNTO VALE LA VIDA DE UNA MUJER? Gloria Arenas Agis

            Una
noche, hace más de veinticinco años, la pequeña comunidad nahua de
Tepetixtla, enclavada en la Sierra de Zongolica, se encontraba reunida
con el objetivo de llegar a un arreglo entre la familia de una
adolescente que había sido violada y la familia del joven violador. La
muchacha había ido al arroyo por agua y regresaba con dos cubetas de
plástico llenas cuando el agresor la arrastró al monte, las cubetas
quedaron rotas en la vereda. A pregunta expresa, la familia de la
víctima pidió que se repusiera el daño causado con dos cubetas nuevas.
La familia del violador convino en esto y el asunto quedó solucionado.
La asamblea terminó y la gente comenzó a dispersarse. Quedé inmóvil,
como la piedra que me servía de asiento. Pensé que tal vez mi forma
occidental de razonar no lograba desentrañar  la
complejidad de lo que acababa de presenciar, que era una joven
inexperta que no alcanzaba a entender otras culturas, pero nada de esto
logró mitigar el impacto que sentía. Dos cubetas de plástico nuevas
para reponer las que se habían roto era justo ¿y para reponer la
integridad destrozada de la muchacha? Nada ¿Cuánto valía ella?

            Con
el transcurso de los años he llegado a la conclusión de que en el fondo
del asunto no yacía una forma cultural diferente, ni los “usos y
costumbres indígenas” respecto a la mujer. No se trataba tampoco de un
hecho aislado o que raramente sucede, sino de algo que se repite
constantemente, en todos los lugares, en distintas culturas, en
diversos sectores, aunque revestido de diferentes maneras.

            El
poco valor que nuestra sociedad da a las mujeres tiene varios nombres,
se llama patriarcado, se llama discriminación, se llama violencia
contra la mujer, se llama machismo.

            En
Ciudad Juárez, Chihuahua –y en todo el país– cientos de niñas,
adolescentes y jóvenes son violadas y asesinadas. Sus cuerpos muestran
la salvaje brutalidad con la que se les ataca. Muchas otras están
desaparecidas, cientos y cientos de ellas, hasta acumular miles de
casos mientras las autoridades –hombres y mujeres– encargadas de
protegerlas se preocupan más por ocultar estos crímenes y por hacerlos
pasar como una situación “normal”, que por investigarlos y evitarlos.[1]

            Que
gobernantes y funcionarios de todos los niveles actúen así se explica
porque corresponden a un estado capitalista y patriarcal cuyos
intereses hegemónicos están por encima de todo. Calderón mismo
dictaminó, antes que nadie, que la causa de la muerte de Ernestina
Ascencio, también indígena nahua de la Sierra de Zongolica, no fue la
violación a manos de militares, como ella alcanzó a decir, sino una
gastritis mal atendida. La Suprema Corte de Justicia no encontró que a
Lydia Cacho se le hayan violado sus derechos gravemente.[2]
Estos mismos magistrados, en un asombroso acto de malabarismo,
reconocieron graves violaciones en la represión contra San Salvador
Atenco, pero al mismo tiempo eximieron de responsabilidad penal a los
culpables.[3]
Las personas y organizaciones que exigen justicia para las mujeres
violadas por militares en Saltillo y en Guerrero son perseguidas y
amenazadas.[4]
Tampoco son una sorpresa las posturas discriminatorias y misóginas de
la derecha: pretender convertir la capacidad de concebir y ser madre de
la mujer en una obligación cuyo incumplimiento sea penalizado, sólo por
dar un ejemplo. Pero ¿Hasta dónde el movimiento popular, la izquierda,
con posiciones políticas y sociales más progresivas, refleja el mismo
machismo, el mismo desprecio?

            Macella
(Sali) Grace Eiler tenía diecinueve años cuando llegó a nuestro país en
2007 procedente de Estados Unidos, atraída por la resonancia
internacional que para entonces ya tenía la insurrección popular de
Oaxaca. Solidaria participó en el movimiento oaxaqueño. Conoció
organizaciones y personas. Impartió talleres para niños en comunidades
indígenas.

Su
padre y su madre vinieron a visitarla. Regresaron con la impresión de
que México estaba operando de tal manera en su hija que ella estaba
creciendo como ser humano. El 14 de septiembre de 2008, cuando le
faltaban dos semanas para cumplir veintiún años de edad fue asesinada.
Su cadáver fue encontrado en San José del Pacífico, desnudo, con cuatro  machetazos, signos de violencia en el cuello, sin ojos, sin cabello, la cara parecía haber sido desprendida o quemada totalmente[5].

            El
número de asesinatos contra indígenas, maestros y luchadores sociales
cometidos por caciques, paramilitares y policías bajo el gobierno de
Ulises Ruíz es elevado[6],
por eso la suposición lógica fue que se trataba de un asesinato
político. Pero quienes la conocían en el CIPO de Oaxaca, y un grupo de
artesanos instalados en las inmediaciones del Auditorio  Che  en
la Ciudad de México, no se conformaron ni con la versión oficial, ni
con suposiciones e iniciaron una eficiente investigación que culminó
con la detención del asesino en el Okupa Che y su entrega a las
policías del DF y Oaxaqueña.

            Lo
que sucedió después es el amargo corolario de una historia de terror.
La Procuraduría de Justicia de Oaxaca en un intento de ocultar su
incapacidad y falta de interés en investigar el caso dijo que ya
estaban sobre la pista del asesino y que de cualquier manera lo habrían
detenido. Sali, victimada, no podía contar lo que sucedió, pero había
muchas pruebas e indicios que hablaban por ella, sin embargo ni
autoridades ni medios de comunicación recogieron los testimonios de
varias personas que habían aportado la información que permitió la
captura del asesino, ni realizaron una indagación profesional. El
Imparcial de Oaxaca difundió una visión totalmente inventada sobre lo
acontecido: que ella era novia del asesino, que habían consumido drogas
y que riñeron. La autopsia practicada al cadáver es muy deficiente. No
especifica si fue violada o no, una omisión imperdonable pues todo
indica que la violación fue el móvil del agresor. No explica la causa
por la que el rostro estaba negro o había sido desprendido. No se
practicaron exámenes toxicológicos. Tiempo después se dijo que se
practicaron unos exámenes y que éstos arrojaban que había consumido
drogas, pero su credibilidad es muy cuestionable porque no fueron
realizados en oportunidad y más bien parece que se quiere confirmar con
ellos la versión inventada y la del asesino. Aunque la autopsia tiene
varios vacíos e incongruencias, el gobierno estadounidense,
representado por sus diplomáticos en México, no exigió una segunda
autopsia, ni mostró interés real en una investigación exhaustiva. Lo
que hizo fue recomendar la incineración del cuerpo antes de que éste
fuera llevado a Estados Unidos. John Gibler, escritor y periodista que
ha escrito sobre diversos problemas sociales y reseñado algunos
movimientos en nuestro país, se trasladó a San José del Pacífico, vio
el lugar donde fue hallado el cuerpo de Sali. Entrevistó y recabó
diversos testimonios, entre ellos, el de las personas que estaban con
ella esa noche cuando el asesino se acercó y le ofreció llevarla a la
casa de la persona que ella buscaba. La información que recogió
demuestra que el asesino y Sali no eran novios y que ni siquiera se
conocían, que tampoco era adicta a drogas, ni al alcohol. Pregunté a
John si su minuciosa investigación periodística había sido publicada y
quedé impactada con su respuesta. No había sido publicada porque la
revista estadounidense de izquierda que se había interesado en el caso,
al ver que el móvil del asesino no había sido político sino muy
probablemente la violación dijo que no la publicarían. Dieron una
razón: “No se trataba de un asesinato político”. En otras
palabras, la verdad sobre Sali y su muerte no merecía ser divulgada; se
trataba de un feminicidio más que no era de su interés. John me platicó
también que las personas que le dieron su testimonio en San José del
Pacífico le dijeron que nadie había ido a preguntarles nada, ni
policías, ni medios de comunicación. Lo que significaba que las
versiones difundidas carecían de una indagación mínima que la
sustentara y otras se basaban en lo dicho por el victimario. Él estaba
sorprendido de encontrar tal indiferencia de autoridades y medios de
comunicación en el país que ha logrado que la palabra feminicidio
se retomara internacionalmente. ¿Cuánto valía la vida de Sali para el
gobierno de Estados Unidos? ¿Cuánto valía para la revista
estadounidense de izquierda que perdió interés en el caso, “porque no era político”?
¿Cuánto valía para las autoridades oaxaqueñas? ¿Cuánto valía para los
medios de comunicación que propagaron versiones falsas que
culpabilizaban a Sali de su asesinato?

            El
2 de noviembre de 2008, en el área metropolitana de la Ciudad de
México, Libertad y el Mapache que habían sido pareja, riñeron en el
interior del automóvil que ella iba conduciendo. Él empezó a golpearla,
el coche se detuvo y gente que estaba en ese lugar intervino sacándolo
a él del vehículo.  Ella siguió conduciendo hasta su
departamento. Después llegó él, entró y empezó a golpearla en el cuerpo
y en la cabeza. Ella perdió el conocimiento, pero los vecinos se dieron
cuenta de lo que sucedía y evitaron que la golpiza continuara.  Fue llevada al hospital donde le diagnosticaron edema cerebral y contusiones diversas. 

            Este
es un caso de violencia contra la mujer entre los millones que se dan
en nuestro país. Ante la indiferencia social general y de las
autoridades en particular, es común que en estas situaciones se
abandone a la mujer a su suerte aduciendo que es asunto particular o
familiar, como si la violencia hacia la mujer y la violencia
intrafamiliar no fueran un problema social. Pero en esta ocasión lo
acontecido no pasó desapercibido para el entorno cercano a ellos: el
movimiento en el que ambos participan y ambos son conocidos.

            El
hecho puso a discusión el tema de la violencia hacia la mujer e
intrafamiliar como manifestaciones de poder patriarcal –que no es
exclusivo de los hombres. Dondequiera que se iba teniendo noticias del
caso surgía la pregunta ¿qué hacer?  Las reacciones fueron
muy diferentes, un colectivo expulsó de un evento al golpeador. Otro
colectivo amenazó a Libertad de que si ella hacía algo, iban a decir
que ella no era compañera del movimiento social –como si eso le diera
derecho a él de golpearla. La generalidad reprueba la violencia
empleada por el Mapache y algunos incluso se lo han expresado
directamente a él. Éste difundió una carta en la que niega ser un
golpeador y se declara incomprendido.  Hay quienes opinan
que él es un compañero y hay que escucharlo –como si lo que él pudiera
decir, justificara la golpiza que propinó a la compañera.  Y
hay quienes se pronuncian por generar, a partir del hecho, una
corriente de opinión de reprobación de la violencia hacia la mujer.  Otras y otros opinan que es mejor callar y dejar las cosas como están para no crearse problemas. 

            Si bien hay una postura mayoritaria de rechazo a la violencia y al machismo manifestados, ésta no se ha visto reflejada  en la práctica en la misma magnitud. El caso dejó ver que existe más desconcierto que claridad ante qué hacer.  Dejó ver que existen posiciones disímbolas.  Sobretodo,
dejó ver que no hemos podido generalizar en la izquierda –entre hombres
y mujeres– un pensamiento antipatriarcal, una corriente de opinión
extensa de rechazo a las prácticas de violencia contra la mujer, vengan
de quien vengan.  Y vuelve a plantear la necesidad de profundizar la reflexión sobre el tema.

            ¿Es
que el cálculo político prevalece sobre la integridad de una mujer?
¿Cuál es la importancia que damos a combatir el patriarcado? ¿Qué tanta
importancia da la izquierda a la lucha contra la violencia hacia la
mujer? ¿Consideramos parte del movimiento popular a los grupos no
gubernamentales que atienden a mujeres, niñas y niños víctimas de
violencia, de explotación sexual y de pederastia; a quienes luchan por
poner un alto a los feminicidios y desapariciones no políticas? ¿Qué
grado de contradicción existe en la izquierda entre nuestras –en
mujeres y hombres– convicciones feministas y antipatriarcales y nuestra
práctica –política y privada– cotidiana?

            El recuerdo de aquella reunión en Tepetixtla de hace más de 25 años llega una vez más a mi mente.  Obviamente
en la capital del país y en el siglo XXI existen personas para quienes
la vida de una mujer no vale ni siquiera dos cubetas de plástico.
¿Cuántas historias como ésta se repiten en todos los ámbitos sin
importar cultura, clase social o ideología?

            En
el movimiento popular hay ejemplos de colectividades que han encontrado
cómo realizar esfuerzos prácticos en pro de la equidad entre géneros.  Recuerdo
haber leído en el Encuentro de Mujeres Zapatistas y los Pueblos del
Mundo: Comandanta Ramona, realizado en Chiapas a fines de 2007, una
pregunta realizada por una de las presentes sobre qué hacían las
Zapatistas cuando un hombre maltrataba a su mujer; las expositoras
contestaron que el grupo de mujeres de la comunidad iba a su casa y
hablaba con él.8   En
Apizaco, Tlaxcala el Colectivo Apizaco de Trabajadoras Sexuales
sostiene que venden placer, no su cuerpo. Su cuerpo es de ellas.
Rechazan a los padrotes igual que a la extorsión policíaca y a los
planes de gobierno de la Ciudad de ponerlas al servicio de
inversionistas que pretenden explotar su trabajo.  Han logrado protegerse, cuidarse y solidarizarse unas con otras en vez de competir entre ellas.  De estos esfuerzos y otros más, podríamos aprender.9  Sin
embargo el patriarcado está tan compenetrado en todos los ámbitos de
nuestra sociedad que el movimiento popular no es la excepción.  La
lucha que se da para combatirlo aún no es lo suficientemente extensa y
profunda como para reflejar un cambio sustancial y distamos mucho de
poder decir que vamos ganando la partida en la creación de un mundo en
el que mujeres y hombres nos relacionemos sin desprecio ni
discriminación, sin dominación ni violencia.  Necesitamos
conocer más historias de personas y colectividades que llevan a la
práctica esfuerzos de combate a la violencia contra la mujer, esfuerzos
liberadores del machismo y del dominio patriarcal.

            La
igualdad de género no es algo que se de por añadidura en la práctica de
los movimientos de izquierda, ni se dará en automático en un sistema no
capitalista.  Es algo que tenemos –hombres y mujeres– que construir desde ahora.  No
hay congruencia si afirmamos que queremos una sociedad sin
discriminación ni machismo en el futuro, pero al mismo tiempo no
hacemos nada para construirla desde abajo.

Gloria Arenas Agis

8 de marzo de 2009.

Día Internacional de la Mujer

[1]                                                .
En 1993 se registra el primer caso de lo que se conocería después como
“las muertas de Juárez”. Las cifras de muertas y desaparecidas varía
según la fuente. En el período 1993-2005 se registraron 442 homicidios
de ese tipo, según Julia Monárrez Fragoso, investigadora de El Colegio
de la Frontera Norte. (“Los feminicidios en Juárez, de tipo “sexual sistémico“, señalan expertos, la Jornada, 16 de noviembre de 2006)

            A
finales de 2008, ya sumaban 544 el número de feminicidios. (“Van 75
feminicidios en Juárez este año” La Jornada 29 de septiembre de 2008).
El gobierno de Chihuahua y el gobierno federal han demostrado
indiferencia, negligencia e impunidad para resolver los casos de las
muertas de Juárez. Por ejemplo, en junio de 2005, la fiscal especial de
la PGR para investigar los crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez,
Mireille Roccatti, dijo que estaban ”Mal clasificados”, 50% de los
casos considerados como feminicidios en esa localidad. “Puntualizó que
varios archivos de ‘homicidios comunes’ han sido circunscritos a la
violencia de género, pero en el análisis fino de la información se
descubre que algunas de esas mujeres fallecieron en accidentes
automovilísticos, por suicidio u otras razones, pero no por agresiones
derivadas de su condición de mujeres.” (”Mal clasificados”, 50% de los
casos considerados feminicidios: Roccatti, La Jornada, 24 de junio de
2005)

[2]   El
16 de diciembre de 2005, Lydia Cacho Ribeiro, fue detenida en Cancún,
Quintana Roo, por agentes judiciales de Puebla, para ejecutar la orden
de aprehensión, por una demanda que interpuso en su contra el
empresario textil Camel Nacif Borge por difamación y calumnias. En su
libro “Los demonios del Edén: el poder detrás de la pornografía”, Lidia
Cacho involucró, entre otras personas, al llamado rey de la mezclilla
en una organización de pederastas. Los abogados de Lydia Cacho
denunciaron que la detención fue ilegal, arbitraria y además hubo
tortura por parte de los agentes judiciales. ( “Detienen a la
periodista Lydia Cacho, acusada de difamación”. La Jornada, Sábado 17
de diciembre de 2005)

[3]   209
personas fueron detenidas ilegalmente y torturadas, entre ellas 45
mujeres. De ellas al menos 26 denunciaron haber sido violadas
sexualmente. Por estos hechos 21 policías fueron procesados por “abuso
de autoridad” y uno por “actos libidinosos”. Ninguno de los policías
pisó la cárcel, fueron procesados en libertad bajo fianza. Los mandos
de las policías estatal y federal que dirigieron la represión
directamente, así como los funcionarios que la ordenaron permanecen en
total impunidad. En dictamen del 12 de febrero de 2009 la Suprema Corte
de Justicia exoneró a los mandos policíacos y funcionarios de toda
responsabilidad penal.
www.jornada.unam.mx/2009/02/13/index.php?section=politica&article=003n1pol

[4]   El
Obispo Raúl Vera señaló que las acciones intimidatorias en su contra
han arreciado a raíz de que empezó a defender de manera pública a las
13 trabajadoras de la zona de tolerancia de Castaños, Coahuila, que
fueron violadas por un pelotón militar. La noche del martes 11 de Junio
del 2007 al menos 20 soldados armados, uniformados y según los
testimonios “en malas condiciones, como intoxicados por alcohol y
drogas”, irrumpieron en el centro nocturno “Las Playas”, consta en las
declaraciones de las 13 sexoservidoras agredidas, quienes relatan que
los militares las agruparon en la parte frontal del establecimiento y a
punta de pistola las hicieron desnudarse, procedieron a violarlas, en
algunos casos simultáneamente entre varios. La agresión se prolongó
hasta el amanecer, quedando ellas en estado de pánico, debido a la
violencia sexual y psicológica que padecieron a lo largo de varias
horas. La Jornada, 27 de diciembre del 2007.

            Obtilia
Eugenio Manuel, secretaria general de la Organización de Pueblos
Indígenas Me’phaá (OPIM), con sede en el municipio de Ayutla de los
Libres, aseguró que grupos paramilitares y del gobierno estatal, que
encabeza Zeferino Torreblanca Galindo, la acosan y la han amenazado de
muerte. Comentó que la administración estatal “se preocupa demasiado
por la OPIM, pero no dice nada de que en días pasados haya muerto un
niño de tos y calentura, y tampoco investiga la muerte del compañero
Lorenzo Fernández Ortega, y por si fuera poco, dejó en la impunidad las
violaciones que las compañeras Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández
Ortega sufrieron a manos del Ejército Mexicano. Eso sí, estamos
preocupados porque sabemos que hay más compañeros que ya tienen órdenes
de aprehensión”. Eugenio Manuel dijo que teme ser asesinada “en
cualquier momento”, pues empleados de Gobernación estatal “van a la
oficina de la OPIM para vigilarnos, y luego me siguen hasta los lugares
adonde vamos; hace apenas dos semanas tres automóviles permanecieron
varias horas fuera de nuestras oficinas”. La Jornada, 6 de noviembre de
2008.

[5]   Todos
los datos sobre el caso de Sali Grace aquí reproducidos fueron tomados
del artículo “The Murder of Sali Grace” de John Gibler. Para una mejor
información se puede consultar (en inglés) en www.zcommunications.org/znet/viewArticle/20211

[6]   Ibid.

8   “Qué hicieron y cómo le hicieron para conseguir sus derechos”, 30 de dic. http://zeztainternazional.ezln.org.mx/?p=38.

9   www.cimacnoticias.com/site/07080707-Tlaxcala-trabajado.26866.0.html. También http://enlacezapatista.ezln.org.mx/varios/1250